El 16 de agosto, una sola frase bastó para hundir a un hombre que, en apariencia, no corría ningún peligro. Andreï Klepach, economista jefe del VEB, el segundo banco público más importante de Rusia, se había atrevido a decir en mayo ante sus colegas que Rusia no podría ganar la guerra de desgaste contra Ucrania y que se dirigía hacia una crisis social inevitable. Fue incluso más allá al reconocer que Moscú estaba perdiendo la competencia tecnológica y económica mundial, no solo frente a China y Estados Unidos, sino que, en ciertos aspectos, incluso frente a la propia Ucrania.
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La grabación no se filtró sino hasta tres meses después, un atraso que, según varios observadores, sugiere una filtración deliberada más que un simple problema de acceso. El despido, por el contrario, fue inmediato. Según una fuente cercana al caso, sus evaluaciones personales sobre el desarrollo económico y político del país fueron consideradas demasiado brutales, mientras que varios medios aseguraron que la orden llegó directamente del Kremlin.
Sin embargo, Klepach no es un disidente. Es un macroeconomista institucional que ocupaba su cargo desde 2014, y su destitución parece menos una purga política convencional que un endurecimiento generalizado: el simple hecho de presentar un diagnóstico, por muy discreto que sea y aunque vaya dirigido a un público especializado, se trata ahora en Rusia como una traición.
Pero ese despido se inscribe en un marco mucho más sombrío. Desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022, la lista de responsables rusos muertos en circunstancias que nunca se han esclarecido del todo no deja de crecer: caídas de balcones, ahorcamientos, suicidios, disparos “inexplicables”.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto:AFP
El régimen, preocupado
En julio de 2025 fue a Roman Starovoït, el ministro de Transportes recién destituido por decreto presidencial, a quien hallaron muerto en su coche con un arma a su lado apenas unas horas después del anuncio de su despido: un suicidio, según la versión oficial, aunque nunca se explicó la discrepancia entre la hora de la muerte que dio la prensa y la comunicada por las autoridades.
En septiembre de 2025, un alto cargo ruso fue encontrado decapitado bajo un puente, con una cuerda de remolque aún enganchada al cuerpo. Ilya Remeslo, abogado y veterano propagandista pro-Kremlin, exigió públicamente la dimisión de Putin en marzo de este año, calificándolo de “criminal de guerra y ladrón”. Fue arrestado y recluido por la fuerza en un hospital psiquiátrico, una táctica clásica del régimen.
La lista, actualizada por investigadores independientes, incluye ya varias decenas de nombres desde 2022: directivos de Gazprom, Lukoil, Novatek y Gazprombank, además de generales y gobernadores. El Kremlin lo niega sistemáticamente, alegando suicidios o enfermedades, una explicación que la comunidad internacional apenas toma en serio.
Esa acumulación alimenta un clima que varios servicios de inteligencia europeos describen —en un informe entregado en mayo al Financial Times, a CNN y al medio ruso en el exilio Verstka— como una “preocupación sin precedentes” del Kremlin y el propio Vladimir Putin ante el riesgo de filtraciones, conspiraciones o intentos de golpe de Estado.
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El presidente ruso temería, especialmente, el uso de drones por miembros de su propia élite política. Desde marzo, habría dejado de frecuentar sus residencias habituales en la región de Moscú y en Valdái, prefiriendo recluirse durante largas semanas en búnkeres modernizados de la región de Krasnodar.
Tres acontecimientos habrían precipitado este cambio: la operación ucraniana Telaraña, de junio de 2025, en la que enjambres de drones atacaron bases aéreas rusas incluso más allá del círculo polar; el asesinato, en diciembre de 2025, del teniente general Fanil Sarvarov en la explosión de su auto en pleno corazón de Moscú; y, sobre todo, la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses en Caracas en enero de este año, un precedente que, según allegados al presidente ruso, habría agravado considerablemente sus temores personales.
No obstante, algunos analistas, como Mark Galeotti, piden cautela y sugieren la posibilidad de que se trate de una operación de guerra psicológica dirigida contra el Kremlin, más que un simple hecho constatado.Otras fuentes, como el New Eurasian Strategies Centre, señalan violentas luchas de facciones en el interior del régimen. En particular entre los siloviki —los hombres fuertes de los servicios de seguridad, como el FSB o la Guardia Nacional—, que estarían ganando influencia a expensas de los pragmáticos (economistas y tecnócratas). Una rivalidad que estaría desestabilizando las instituciones económicas y podría, a largo plazo, provocar una crisis permanente.
Publicaciones como Foreign Affairs aseguran a su vez que Putin ha frenado el relevo natural de las élites, lo que ha generado frustración entre las generaciones más jóvenes, incluidos los hijos de los actuales dirigentes, quienes podrían intentar saltarse a sus predecesores para acceder al poder. Una situación que aumenta el riesgo de conflictos internos ante una eventual sucesión.
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En números rojos
En todo caso, detrás de la paranoia de la seguridad, hay cifras. El déficit presupuestario federal alcanzó los 5,9 billones de rublos en los cuatro primeros meses de 2026, superando ya la previsión anual inicial del Gobierno, para luego ubicarse en 5,7 billones de rublos a mediados de año, lo que supone un incremento de aproximadamente el 70 % respecto al mismo periodo de 2025.
El gasto en defensa y seguridad representa ya casi el 38 % del presupuesto federal, es decir, un nivel que conlleva severos recortes en sanidad y programas sociales. El fondo soberano ruso, que servía de colchón de seguridad, se ha reducido en dos veces y media entre marzo de 2022 y abril de 2026, pasando de 9,7 a 3,9 billones de rublos.
Además, según el International Institut for Strategic Sudies (IISS), citado en diversos análisis estratégicos, el 73 % de las empresas rusas reportaron escasez de mano de obra en 2026, mientras que un decreto firmado el 12 de junio elevó a cerca de 2,4 millones el número de militares en las filas del ejército ruso.
Por su parte, la inflación se escapa del control del Banco Central. Tras haber alcanzado niveles cercanos al 10 % durante 2025, este año, impulsada por la crisis del combustible, subió un punto hasta el 6 % en junio, muy por encima del objetivo del 4 % fijado por la institución, que ahora prevé un rango anual de entre el 6 y el 7 % para 2026. A pesar de esa presión, el Banco Central siguió bajando con cautela su tipo de interés —al 14 % a finales de julio—, lo que indica que está intentando proteger un aparato productivo exhausto en lugar de combatir frontalmente el aumento de los precios.
Es quizás ahí donde el régimen afecta de manera más directa a su población. Desde el verano de 2025, Ucrania atacó metódicamente las refinerías rusas mediante el uso de drones. El resultado, en julio de 2026, es espectacular: 78 de las 83 regiones rusas reconocidas internacionalmente reportan desabastecimiento, 38 han impuesto restricciones de venta y cuatro regiones —Penza, Irkutsk, Transbaikalia y Crimea— se han visto obligadas a declarar el estado de emergencia, afectando en total a unos 50 millones de personas.
En agosto, la situación siguió siendo tensa: al menos 16 regiones adicionales reconocen largas colas en las estaciones de servicio. Según un análisis de S&P Global, al menos 26 refinerías rusas quedaron fuera de servicio debido a los ataques ucranianos a finales de julio. Desde entonces, solo ocho han recuperado su plena actividad. El propio Putin acabó admitiendo, en junio, la existencia de un “cierto déficit” de combustible, una confesión inusual para un poder acostumbrado a minimizar cualquier signo de debilidad.
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Alianza con Pionyang
A este agotamiento económico se suma el desgaste demográfico en el frente. En marzo de 2026, según el instituto IISS, Rusia perdió más de 35.000 soldados, entre muertos y heridos, en un solo mes, una cifra récord desde el inicio de la invasión. La necesidad de refuerzos es constante, y es precisamente esto lo que empuja a Moscú hacia Pionyang.
La relación con Pionyang nunca ha sido tan estrecha: una llamada telefónica entre ambos líderes el 12 de agosto, la visita de la jefa de la diplomacia norcoreana, Choe Son Hui, a Moscú en julio, y el intercambio de cartas con motivo del aniversario de la liberación de Corea, en las que Putin evoca una asociación estratégica global “de un nivel sin precedentes” y Kim Jong-un se dice “orgulloso” de la relación bilateral. Más allá de las fórmulas protocolares, lo que está en juego es sumamente concreto: según Volodimir Zelenski, Moscú estaría negociando el envío de entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos adicionales para compensar el agotamiento de sus propias tropas. El presidente ucraniano lo ve como una muestra de debilidad sin precedentes: “Es la primera vez que no pueden llevar a cabo la guerra sin refuerzos provenientes de Corea del Norte”, afirmó.
Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte. Foto:EFE
A cambio, Pionyang recibe alimentos, combustible y, sobre todo, transferencias de tecnología militar. Un trueque que, según diversos expertos, ya habría reportado a Corea del Norte unos 10.000 millones de libras esterlinas durante el primer despliegue.
Es en este contexto en el que Corea del Norte lanzó, el 20 de agosto, una decena de misiles balísticos, apenas unas horas después de que Trump afirmara que se reuniría con Kim Jong-un este año. El lanzamiento se produce en un momento en que Seúl y Washington han reducido sus ejercicios militares conjuntos a petición del presidente estadounidense, maniobras que tradicionalmente irritan a Pionyang.
Ese gesto debería ser interpretado en el marco del duelo bilateral que Pionyang mantiene con Washington y Seúl, y como un claro apoyo del régimen norcoreano a Moscú. Sin embargo, indirectamente ilustra la misma lógica que impulsa el acercamiento ruso-norcoreano: la de dos regímenes aislados que negocian su supervivencia estratégica mediante demostraciones de fuerza en el momento oportuno.
En el terreno, nada parece desmentir la imagen de un conflicto estancado. El 18 de agosto, el Estado Mayor ucraniano registró 192 enfrentamientos a lo largo de toda la línea del frente, la mayoría concentrados en el sector de Pokrovsk, que cayó en manos de los rusos en febrero, pero donde el avance ha sido prácticamente nulo desde entonces.
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Ese mismo día, 64 ataques aéreos que emplearon 213 bombas guiadas y más de 7.000 drones kamikaze tuvieron como objetivo posiciones y localidades ucranianas. Entre ellas Kiev, blanco de masivos y mortíferos ataques de misiles rusos durante toda la semana.
En algunos sectores del frente de Pokrovsk, la relación de fuerzas sería de uno contra seis en contra de las fuerzas ucranianas, según el comandante de la Guardia Nacional, Oleksandr Pivnenko, sin que esto se haya traducido, por el momento, en una ruptura decisiva de las líneas.
Es en esa tensión permanente entre un frente estancado, una economía exhausta y un poder cada vez más atrincherado tras sus propios muros donde se juega actualmente la estabilidad del sistema Putin. Ni un colapso inminente, ni una victoria a la vista: se trata de una erosión lenta, pero que el despido de Klepach —y el silencio que le siguió— hace cada día más difícil de ocultar.
En septiembre de 2025, un alto cargo ruso fue encontrado decapitado bajo un puente, con una cuerda de remolque aún enganchada al cuerpo. Ilya Remeslo, abogado y veterano propagandista pro-Kremlin, exigió públicamente la dimisión de Putin en marzo de este año, calificándolo de “criminal de guerra y ladrón”. Fue arrestado y recluido por la fuerza en un hospital psiquiátrico, una táctica clásica del régimen.
La lista, actualizada por investigadores independientes, incluye ya varias decenas de nombres desde 2022: directivos de Gazprom, Lukoil, Novatek y Gazprombank, además de generales y gobernadores.
El Kremlin lo niega sistemáticamente, alegando suicidios o enfermedades, una explicación que la comunidad internacional apenas toma en serio.
Esa acumulación alimenta un clima que varios servicios de inteligencia europeos describen —en un informe entregado en mayo al Financial Times, a CNN y al medio ruso en el exilio Verstka— como una “preocupación sin precedentes” del Kremlin y el propio Vladimir Putin ante el riesgo de filtraciones, conspiraciones o intentos de golpe de Estado.
El presidente ruso temería, especialmente, el uso de drones por miembros de su propia élite política. Desde marzo, habría dejado de frecuentar sus residencias habituales en la región de Moscú y en Valdái, prefiriendo recluirse durante largas semanas en búnkeres modernizados de la región de Krasnodar.
Bombardeo ruso contra Kiev, Ucrania. Foto:AFP
Tres acontecimientos habrían precipitado este cambio: la operación ucraniana Telaraña, de junio de 2025, en la que enjambres de drones atacaron bases aéreas rusas incluso más allá del círculo polar; el asesinato, en diciembre de 2025, del teniente general Fanil Sarvarov en la explosión de su auto en pleno corazón de Moscú; y, sobre todo, la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses en Caracas en enero de este año, un precedente que, según allegados al presidente ruso, habría agravado considerablemente sus temores personales.
No obstante, algunos analistas, como Mark Galeotti, piden cautela y sugieren la posibilidad de que se trate de una operación de guerra psicológica dirigida contra el Kremlin, más que un simple hecho constatado.Otras fuentes, como el New Eurasian Strategies Centre, señalan violentas luchas de facciones en el interior del régimen. En particular entre los siloviki —los hombres fuertes de los servicios de seguridad, como el FSB o la Guardia Nacional—, que estarían ganando influencia a expensas de los pragmáticos (economistas y tecnócratas).
Una rivalidad que estaría desestabilizando las instituciones económicas y podría, a largo plazo, provocar una crisis permanente.
Publicaciones como Foreign Affairs aseguran a su vez que Putin ha frenado el relevo natural de las élites, lo que ha generado frustración entre las generaciones más jóvenes, incluidos los hijos de los actuales dirigentes, quienes podrían intentar saltarse a sus predecesores para acceder al poder. Una situación que aumenta el riesgo de conflictos internos ante una eventual sucesión.
En todo caso, detrás de la paranoia de la seguridad, hay cifras. El déficit presupuestario federal alcanzó los 5,9 billones de rublos en los cuatro primeros meses de 2026, superando ya la previsión anual inicial del Gobierno, para luego ubicarse en 5,7 billones de rublos a mediados de año, lo que supone un incremento de aproximadamente el 70 % respecto al mismo periodo de 2025.El gasto en defensa y seguridad representa ya casi el 38 % del presupuesto federal, es decir, un nivel que conlleva severos recortes en sanidad y programas sociales. El fondo soberano ruso, que servía de colchón de seguridad, se ha reducido en dos veces y media entre marzo de 2022 y abril de 2026, pasando de 9,7 a 3,9 billones de rublos.
Además, según el International Institut for Strategic Sudies (IISS), citado en diversos análisis estratégicos, el 73 % de las empresas rusas reportaron escasez de mano de obra en 2026, mientras que un decreto firmado el 12 de junio elevó a cerca de 2,4 millones el número de militares en las filas del ejército ruso.Por su parte, la inflación se escapa del control del Banco Central. Tras haber alcanzado niveles cercanos al 10 % durante 2025, este año, impulsada por la crisis del combustible, subió un punto hasta el 6 % en junio, muy por encima del objetivo del 4 % fijado por la institución, que ahora prevé un rango anual de entre el 6 y el 7 % para 2026. A pesar de esa presión, el Banco Central siguió bajando con cautela su tipo de interés —al 14 % a finales de julio—, lo que indica que está intentando proteger un aparato productivo exhausto en lugar de combatir frontalmente el aumento de los precios.
Es quizás ahí donde el régimen afecta de manera más directa a su población. Desde el verano de 2025, Ucrania atacó metódicamente las refinerías rusas mediante el uso de drones. El resultado, en julio de 2026, es espectacular: 78 de las 83 regiones rusas reconocidas internacionalmente reportan desabastecimiento, 38 han impuesto restricciones de venta y cuatro regiones —Penza, Irkutsk, Transbaikalia y Crimea— se han visto obligadas a declarar el estado de emergencia, afectando en total a unos 50 millones de personas.
En agosto, la situación siguió siendo tensa: al menos 16 regiones adicionales reconocen largas colas en las estaciones de servicio. Según un análisis de S&P Global, al menos 26 refinerías rusas quedaron fuera de servicio debido a los ataques ucranianos a finales de julio. Desde entonces, solo ocho han recuperado su plena actividad. El propio Putin acabó admitiendo, en junio, la existencia de un “cierto déficit” de combustible, una confesión inusual para un poder acostumbrado a minimizar cualquier signo de debilidad.
A este agotamiento económico se suma el desgaste demográfico en el frente. En marzo de 2026, según el instituto IISS, Rusia perdió más de 35.000 soldados, entre muertos y heridos, en un solo mes, una cifra récord desde el inicio de la invasión. La necesidad de refuerzos es constante, y es precisamente esto lo que empuja a Moscú hacia Pionyang.
La relación con Pionyang nunca ha sido tan estrecha: una llamada telefónica entre ambos líderes el 12 de agosto, la visita de la jefa de la diplomacia norcoreana, Choe Son Hui, a Moscú en julio, y el intercambio de cartas con motivo del aniversario de la liberación de Corea, en las que Putin evoca una asociación estratégica global “de un nivel sin precedentes” y Kim Jong-un se dice “orgulloso” de la relación bilateral.
Más allá de las fórmulas protocolares, lo que está en juego es sumamente concreto: según Volodimir Zelenski, Moscú estaría negociando el envío de entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos adicionales para compensar el agotamiento de sus propias tropas.
El presidente ucraniano lo ve como una muestra de debilidad sin precedentes: “Es la primera vez que no pueden llevar a cabo la guerra sin refuerzos provenientes de Corea del Norte”, afirmó.
A cambio, Pionyang recibe alimentos, combustible y, sobre todo, transferencias de tecnología militar. Un trueque que, según diversos expertos, ya habría reportado a Corea del Norte unos 10.000 millones de libras esterlinas durante el primer despliegue.
Es en este contexto en el que Corea del Norte lanzó, el 20 de agosto, una decena de misiles balísticos, apenas unas horas después de que Trump afirmara que se reuniría con Kim Jong-un este año.
El lanzamiento se produce en un momento en que Seúl y Washington han reducido sus ejercicios militares conjuntos a petición del presidente estadounidense, maniobras que tradicionalmente irritan a Pionyang.
Ese gesto debería ser interpretado en el marco del duelo bilateral que Pionyang mantiene con Washington y Seúl, y como un claro apoyo del régimen norcoreano a Moscú. Sin embargo, indirectamente ilustra la misma lógica que impulsa el acercamiento ruso-norcoreano: la de dos regímenes aislados que negocian su supervivencia estratégica mediante demostraciones de fuerza en el momento oportuno.
En el terreno, nada parece desmentir la imagen de un conflicto estancado. El 18 de agosto, el Estado Mayor ucraniano registró 192 enfrentamientos a lo largo de toda la línea del frente, la mayoría concentrados en el sector de Pokrovsk, que cayó en manos de los rusos en febrero, pero donde el avance ha sido prácticamente nulo desde entonces.
Ese mismo día, 64 ataques aéreos que emplearon 213 bombas guiadas y más de 7.000 drones kamikaze tuvieron como objetivo posiciones y localidades ucranianas.
Entre ellas Kiev, blanco de masivos y mortíferos ataques de misiles rusos durante toda la semana.En algunos sectores del frente de Pokrovsk, la relación de fuerzas sería de uno contra seis en contra de las fuerzas ucranianas, según el comandante de la Guardia Nacional, Oleksandr Pivnenko, sin que esto se haya traducido, por el momento, en una ruptura decisiva de las líneas.
Es en esa tensión permanente entre un frente estancado, una economía exhausta y un poder cada vez más atrincherado tras sus propios muros donde se juega actualmente la estabilidad del sistema Putin. Ni un colapso inminente, ni una victoria a la vista: se trata de una erosión lenta, pero que el despido de Klepach —y el silencio que le siguió— hace cada día más difícil de ocultar.
LUISA CORRADINI
Corresponsal de La Nación (Argentina) – GDA
París
Este artículo es una versión editada del original, por motivos de espacio.
